La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en un nuevo atestado entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la pieza separada de los cursos de formación abierta por los 33 millones de euros que recibieron las empresas del Grupo Prescal, pertenecientes al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, para la formación de los extrabajadores de Delphi, refleja irregularidades en este entramado empresarial para justificar la financiación de los cursos.
Así, los agentes de los UDEF en el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press y que es ampliatorio a informes anteriores, señalan que «queda demostrada la existencia de facturación circulante entre las diversas entidades afines al Grupo Prescal, facturación que pudiera haber sido utilizada para llevar a cabo la justificación económica de los cursos de manera ficticia o inflando los costes reales de la realización de los mismos».
Así se extrae del volcado de los efectos informáticos intervenidos en la sede social de las mercantiles Prevención de Riesgos y Calidad SL (Prescal), Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forme) y otras. Además, entre las conclusiones de la UDEF en el atestado, se indica que, «nuevamente, queda reflejado que Serpro era un ente más de Prescal, así como el volumen de fondos por hora facturada por cada docente que retornaba a Prescal (aproximadamente el 50% de media)».
También se refleja, según el atestado policial que ya obra en poder la juez instructora, María Núñez Bolaños, «la facturación excesiva, aunque no la pagaban a los docentes, en detrimento, entre otros, de los propios alumnos». «El docente sería obligado a facturar por unas horas por las que no iba a cobrar ni tan siquiera el precio de la adenda, lo que supone beneficio neto para Prescal», ha señalado.
Además, se ha constatado «nuevamente» la existencia de una «caja única» dentro del Grupo Prescal, «como queda claro en los movimientos bancarios analizados, en el que se visualiza como se traspasan fondos de unas cuentas a otras, tituladas por distintas empresas, en función de las necesidades de liquidez de cada una de ellas».
Los agentes de la UDEF aseguran en el atestado que «se vuelve a confirmar la práctica de irregularidades –como firmar sin asistir o cambio de facturas– para conseguir el cien por cien de la justificación económica, así como el cambio en el sistema de contratación, a través de Serpro».
Presupuestos a medida
De otro lado, el atestado policial refleja que con los datos obtenidos «han quedado plasmadas las diferentes técnicas utilizadas por Prescal para lograr la justificación económica de los cursos subvencionados en un cien por cien, como son la solicitud a proveedores de que modifiquen las facturas, así como la generación de presupuestos a medida por parte de proveedores y docentes».
En relación con la modificación de facturas, «se ha podido observar que el cambio más habitual era cambio de conceptos para ir cuadrando las cuentas, imputando facturas a cargo de unos u otros cursos en función de la cantidad pendiente de justificar en cada uno, atendiendo también, en algunos casos, a la fecha de finalización del curso».
Otro de los cambios más habituales era introducir el término «material en alquiler, facturando siempre servicios y no bienes tangibles, o material consumible».
Sobre ofertas docentes y presupuestos de proveedores, según el atestado, «ha quedado plasmado que se solicitaba a diversos docentes y proveedores que facilitaran presupuestos, aunque la acción formativa ya había finalizado, detallando el concepto y el precio a reflejar en cada uno de ellos, cumpliéndose así con el requisito de presentar diferentes ofertas cuando el importe excedía de determinadas cantidades». Para esta técnica, se ha llegado, incluso, «a falsificar documentación», añade la UDEF.
«Se vuelve a observar el aprovechamiento de algunos de los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del buen ambiente con las empresas afines a Prescal para, entre otras cosas, colocar a amigos», concluyen las conclusiones de la UDEF.
En el atestado, también se hace constar la existencia de indicios que apuntan a su participación en los hechos por parte de R.M.N. y M.C.O.M., ambas empleadas del Grupo Prescal, cuya actuación en los hechos investigados ponen de manifiesto «un compromiso por encima del que se puede considerar normal, máxime cuando eran conscientes de las irregularidades que cometían con su actuación, aunque fuese incitada por los máximos responsables del grupo empresarial».
Buscando el beneficio de Ojeda
Sobre éstas, la UDEF señala que existen indicios de su participación en los delitos de organización criminal, fraude en subvenciones y falsedad documental. En el caso de la primera, dentro de la organización, participó en el «cuadre» de la justificación económica de los diferentes cursos subvencionados impartidos por las empresas del grupo. Los correos electrónicos analizados ponen de manifiesto, entre otras acciones, que R.M.N. solicitaba a diferentes empleados del grupo que consiguieran documentos (presupuestos y ofertas docentes) para justificar los cursos. Documentos que, por otro lado, «no servían más que para engañar a la Junta para conseguir cobrar el cien por cien de las subvenciones, buscando con ello el beneficio superior de la organización liderada por Ángel Ojeda».
Por su parte, M.C.O.M. desarrollaba en Antequera (Málaga) funciones de técnico de formación para la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente – Natura. En ella, según el atestado, se observa «un claro exceso en su implicación y en la consecución de los objetivos del grupo, independientemente de los métodos utilizados». Desde su posición, «falsificaba o consentía que se alteraran los partes de asistencia a los cursos, con la finalidad de evitar las ‘caídas de alumnos'», entre otras acciones adjudicables a esta empleada.
FUENTE: EP
