El Consorcio de Las Aletas celebraba el pasado viernes un nuevo Consejo Rector, sin grandes novedades sobre este prometido y demorado en el tiempo “revulsivo” macropolígono industrial (ahora se habla de parque logístico y empresarial) en suelos estratégicos de Puerto Real, lastrado además por varapalos judiciales.
La reunión ha estado presidida por la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Platero, y por el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios (el Consorcio lo integran principalmente Estado y Junta, además de aportaciones casi testimoniales de la Diputación y el Ayuntamiento puertorrealeño) ha tenido como objeto fundamental abordar asuntos de gestión ordinaria de la entidad y, en particular, aprobar la cuenta general del Consorcio relativa a 2015. Del mismo modo, se ha dado el visto bueno a las cuentas de su entidad instrumental, la Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas SA, correspondientes al mismo ejercicio. Números que no se han hecho públicos.
Por otro lado, se ha dado cuenta a los consejeros de que, siguiendo el acuerdo aprobado en la anterior sesión del Consejo Rector, el pasado mes de febrero, se ha procedido a la formalización de una encomienda de gestión a la sociedad mercantil estatal Tragsatec para que apoye a los órganos competentes de la Junta en los trabajos técnicos relacionados con el nuevo planeamiento urbanístico de la zona que actualmente se está llevando a cabo, imprescindible para poder avanzar en la ejecución del proyecto.
Un trámite que ya se dejaba claro en febrero de 2015 que se prolongaría al menos dos años. Por lo que hasta entrado 2017 no se prevé que haya alguna posibilidad de que se comience a levantar este polígono industrial, y siempre y cuando no se encuentre con nuevos obstáculos.
“Esta encomienda de gestión es un ejemplo más de la colaboración entre las administraciones públicas representadas en el Consorcio para que el proyecto Aletas pueda ser una realidad en el futuro”, se sentencia en un escueto comunicado.
Los miembros del Consorcio entienden que Tragsatec puede agilizar la tramitación al conocer ya el proyecto, puesto que se ha encargado de realizar la nueva reserva demanial. Una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2009 anuló la anterior reserva, y hubo que empezar todo de nuevo.
De hecho, esta nueva declaración de la reserva ha tenido en cuenta los requerimientos esenciales que demandaba la sentencia del Supremo que anuló la anterior –tras la denuncia de ecologistas- y que, al contrario de lo que ocurrió en el año 2007, el expediente se ha acompañado en esta ocasión de una amplia documentación justificativa y de una completa memoria ambiental que subraya el respeto del proyecto a los aspectos medioambientales.
De este modo, se incorpora una justificación exhaustiva de que el territorio de Las Aletas es “el único adecuado” para conseguir las finalidades perseguidas en el demorado proyecto; se fija un plazo temporal de duración de la reserva de 75 años; se precisan las obligaciones de restituir los terrenos al estado anterior al de declaración de reserva cuando finalice la misma; y que la superficie objeto de reserva se destinará principalmente a actividades logísticas portuarias y de transporte intermodal. Existe un sustancial incremento del área ambiental que dobla su superficie pasando de 120 a 240 hectáreas. Así, de las 527 hectáreas totales de terreno del futuro parque sólo podrán instalarse empresas en 287 mientras que las 240 restantes quedarán para uso medioambiental.
