Antonio Romero: “el objetivo era acusarme de falta de transparencia, pero esta retorcida estrategia ha resultado inútil, porque además es completamente falso”.
El alcalde de la ciudad, Antonio Romero, ha recibido de la Fiscalía Provincial de Cádiz el archivo de la causa presentada contra él por el Grupo Municipal Andalucista, demostrándose así que es “completamente falso” que Romero estuviera impidiendo el normal funcionamiento de este grupo de la oposición ocultando información o poniendo trabas para que pudieran acceder a ella.
La denuncia data de enero de este año 2016, cuando Jesús Plaza presentó en nombre del Partido Andalucista una denuncia ante el juzgado por la acumulación de preguntas en los plenos de septiembre, octubre y noviembre que no habían sido contestadas, así como la no convocatoria del Pleno sobre el estado de la ciudad solicitada en noviembre.
Tras reconocer el derecho que todos los ciudadanos tienen a acceder a la información pública que sea de su interés, el fiscal considera que “no se aprecia concurrencia de los elementos típicos del delito contra el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal, pues del conjunto de lo actuado no se puede concluir que haya existido por parte del denunciado una conducta reiterada y persistente de negativa y obstaculización a facilitar la información pedida”.
“Desde que llegamos al gobierno municipal –asegura el alcalde- la estrategia de Maribel Peinado y su equipo ha sido bloquear la gestión política realizando un volumen de preguntas a sabiendas de que era imposible contestarlas todas a tiempo. De hecho, desde los meses de septiembre a diciembre formularon un total 80 preguntas, que quedaron todas respondidas en el mes de febrero. Su objetivo era poder denunciarme por falta de transparencia, pero esta estrategia ha sido inútil, porque el fiscal ha cortado de raíz esta forma tan artificiosa y retorcida de hacer política”.
“Creo que debemos avanzar todos en beneficio de Puerto Real, y para ello no aporta nada que se busquen artimañas para tratar en el juzgado asuntos que deben solventarse por la vía política, del diálogo y del consenso”, asegura Romero.
El fiscal ahonda en las circunstancias que concurren en los hechos analizados y se pronuncia claramente en su decreto de archivo al afirmar que “[…] los nuevos responsables de las Corporaciones Locales tomaron posesión a finales de junio de 2015 por lo que es lógico considerar –o al menos ello permite excluir un dolo necesariamente entorpecedor- un periodo razonable de puesta en marcha del funcionamiento normal de este orden de cosas, por otra parte, como se evidencia en el contenido de algunas de las preguntas, algunas de ellas aluden a contenidos y decisiones programáticas que exigían una decisión previa que, hasta tanto no se produjera, no permitía su respuesta. Por otra parte, en lo que se refiere a la petición de pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad, finalmente convocado el 7 de enero y celebrado el 12, de lo actuado se evidencia que las razones aducidas para su ubicación en la fecha mencionada […] no responden tampoco a un propósito obstaculizador de los derechos de la oposición”.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real
