El colectivo de extrabajadores de Delphi arranca este jueves un nuevo calendario de movilizaciones a raíz de que, en ejecución de un auto dictado por el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) haya comenzado a comunicar la suspensión cautelar de las prestaciones por supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación por parte de la Fueca y otras entidades.
De la misma manera, ante esta «situación caótica», han lanzado un llamamiento a los distintos partidos del arco parlamentario andaluz para que retomen los contactos «de manera urgente» para «desbloquear» este asunto y encontrar «de una vez por todas» una salida «digna» para los extrabajadores de Delphi pendientes de solución.
Así lo ha indicado a Europa Press Miguel Paramio, portavoz de USO en el conflicto de Delphi, tras una rueda de prensa en la que han intervenido algunos de los afectados por esta medida cautelar, quienes han mostrado su «desesperación» por la situación a la que se han visto «arrastrados», no teniendo ya «ni para pagar el agua o la luz».
Los afectados también han lamentado el «agravio comparativo» cometido con ellos, ya que los juzgados de lo Social 1 y 3 —que también llevan parte de los 420 casos por la supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación— han optado por no aplicar las medidas cautelares solicitadas por el SEPE y que afectan «al único sustento de la familia» (426 euros).
También se han preguntado por qué ellos se encuentran en una situación «tan sumamente crítica» cuando hay otros afectados por el cierre de Delphi que han encontrado una solución y actualmente se encuentran trabajando, recordando en este punto que «lo único» que vienen reclamando en estos más de ocho años es «un empleo».
Paramio ha explicado que, ante esta situación, se ha creado una cuenta solidaria de resistencia en Unicaja (2103-4010-31-0030020209) para que estas personas puedan tener cubiertos los suministros básicos de subsistencia. En su opinión, esta medida es «un atropello», pues, sin que se haya celebrado el juicio —señalados para principios de 2018—, les «condena a la indigencia».
De la misma manera, los representantes sindicales insisten en reunirse con el alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), para abordar la situación de estas personas y posibles medidas para paliarla, tal y como harán el próximo lunes con el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (SSPPR).
El portavoz de USO también ha avanzado que el próximo día 17 serán recibidos en el Parlamento andaluz por el portavoz parlamentario y presidente andaluz de Ciudadanos, Juan Marín.
75 Afectados por el momento
Paramio ha explicado que los representantes sindicales han mantenido una reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, y con el director provincial del SEPE, Pedro de los Santos, quienes les informaron de que las personas afectadas por la notificación del Juzgado de lo Social 3 al SEPE son 75 para la suspensión hasta el momento.
Según precisaron, de esas 75 personas el SEPE ha enviado a 44 la carta para comunicarle dicha suspensión con fecha de baja desde el 1 de enero de 2016.
En este punto, ha comentado que unos 23 de los 75 ya habían consumido el subsidio generado por la contratación en las fundaciones de formación y actualmente no cobran nada. Otro afectado está cobrando la Renta Activa de Inserción, pero de una contratación ajena a los cursos de formación. El resto hasta los 75 está trabajando con un contrato temporal.
Calendario de movilizaciones
El calendario de movilizaciones previsto arrancará a las 10,00 horas de este jueves con una concentración ante el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, continuando el viernes 19 con una concentración ante la sede provincial del PSOE.
El jueves 25 tienen previsto concentrarse en la plaza de España, donde se encuentran la Diputación gaditana y la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz. Por último, han solicitado autorización para una nueva concentración el 3 de marzo ante la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ubicada en la plaza Asdrúbal.
Asimismo, los representantes del colectivo van a solicitar una reunión con la Oficina del Decanato de Cádiz para analizar las medidas cautelares adoptadas por los distintos juzgados y «su posible unificación en pro de no perjudicar a los afectados hasta que llegue el juicio».
FUENTE: EP
