La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha abierto diligencias previas de las tres piezas desgajadas de la macrocausa de los cursos de formación relativas a entramados empresariales, entre ellos el del exconsejero de Hacienda andaluz Ángel Ojeda, que recibió 33,3 millones de fondos públicos.
En el auto que afecta a este entramado, la juez eleva a catorce personas las que pudieran ser penalmente responsables del uso del dinero público y, entre ellas, se incluye al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también imputado en el caso de los ERE.
Además del auto que afecta al exconsejero Ojeda, al que se acusa de no destinar el dinero a los fines previstos, la juez ha dictado otros dos autos referentes a los entramados empresariales vinculados a Rafael Velázquez Sierra y José María Pérez González por subvenciones a cursos de formación y contratación.
En la pieza relativa al entramado empresarial de Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros.
Ese dinero se concedió en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova y Natura), que fueron otorgadas en los años 2009 y 2010, según el auto de la juez.
Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, según la juez.
Además, había una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del mismo grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas y dificultando su seguimiento, añade la instructora.
El auto de incoación de diligencias previas de cada una de estas tres piezas puede ser recurrido ante el propio juzgado y ante la Audiencia de Sevilla.
La apertura de estas diligencias de los entramados empresariales se produce después de que el 21 de diciembre pasado la jueza dividiera en nueve piezas la macrocausa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta.
Además de las tres piezas de los entramados, la jueza abrió cuatro más de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales: Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
También existe una pieza que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y una más relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En el auto en el que dividió la causa, la jueza indicó la excepción de que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ojeda no debe separarse de la investigación realizada a Delphi y a la instrucción sobre la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal.
FUENTE: EFE
