Los sindicatos se concentraron ante la Delegación de Hacienda para exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que implica el abono de las actualizaciones salariales a estos trabajadores, 600 en la provincia de Cádiz. Plantean realizar reclamaciones individuales de lo adeudado, lo que colapsaría los juzgados al haber más de 6.000 afectados en el país.
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Antiguos trabajadores de la SEPI en la provincia de Cádiz y delegados de CCOO y UGT se han concentrado ante la Delegación de Hacienda de Cádiz para exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que implica el cobro de los atrasos y la actualización de las pensiones de los trabajadores jubilados de IZAR.
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Los sindicatos califican de «lamentable» la actitud de la empresa pública SEPI, que pese a tener una sentencia firme del Tribunal Supremo que le condena al abono de los incrementos salariales, sigue negándose a hacerlo y no comparece en las diferentes mesas creadas para abordar este tema, según explicaron los secretarios del Sindicato de Industria de CCOO Cádiz, Jesús Serrano, y de MCA UGT Cádiz, Diego Peces. Si la SEPI no cambia de actitud, advirtieron, los afectados interpondrán demandas individuales para reclamar lo que les deben, algo que colapsaría los juzgados puesto que hay unos 6.000 afectados en toda España.
Las cantidades que SEPI ha de abonar según la sentencia a los 600 jubilados de IZAR en la provincia gaditana corresponde a un 2,9 de sus salarios en 2012 y un 0,3 en el 2013. Los sindicatos denuncian que no sólo no se han pagado esos atrasos, sino que tampoco se han actualizado los salarios tal y como dicta la sentencia.
El pasado 1 de octubre, CCOO y UGT ya avisaron de que habría movilizaciones debido a la actitud del Gobierno. En marzo, el Tribunal Supremo les había dado la razón a los sindicatos: la SEPI se había equivocado al congelar las pensiones de sus trabajadores jubilados, unos trabajadores a los que en 2004 se les había garantizado que sus pensiones se incrementarían en función del coste de la vida (del Índice de Precios al Consumo, el IPC). Lamentablemente, y tras una interpretación interesada de la Ley 17/2012 por parte del Ministerio de Hacienda, se les congelaron las retribuciones en abril de 2013.
CCOO de Industria y MCA-UGT exigen a la autoridad competente que ponga orden y sentido común y revierta este despropósito y atropello contra los jubilados y jubiladas de la empresa.
FUENTE: CCOO
