PP-A reprocha a la Junta «su incumplimiento con los trabajadores» y el PSOE-A censura la «discriminación» del Gobierno con Andalucía.
Representantes sindicales de Delphi, astilleros de Huelva y Santana Motor se han reunido este viernes con los cinco grupos del Parlamento andaluz con los que han acordado establecer una mesa de negociación para tratar de buscar una salida a sus conflictos laborales en la que quieren que se implique al Gobierno central, así como han establecido un calendario de negociaciones para encontrar una solución antes del 31 de octubre, fecha que han puesto como límite para este fin, ya que es cuando a los trabajadores se les acaban las prestaciones por desempleo.
La próxima reunión la mantendrán en la primera semana de septiembre y durante este tiempo, los tres colectivos trabajarán en consensuar una propuesta que presentarles a los grupos para intentar plantear una iniciativa que solucione sus conflictos, así como un censo concreto de cuántos son los trabajadores afectados.
Una vez finalizada la reunión de este viernes, que se ha celebrado en la sala de Comisiones 1 del Parlamento andaluz, representantes de los cinco grupos –PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA–, así como de los trabajadores, han atendido a los periodistas y han coincidido en poner de manifiesto su voluntad para encontrar una solución a estos colectivos.
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha explicado que «la Junta no puede acometer en solitario» la situación de estos trabajadores porque «la situación económica, marcada por la crisis, ha cambiado» desde que se firmaron los protocolos para su recolocación y porque los recursos con los que cuenta «se emplean en apoyar los planes de empleo que se impulsan para el conjunto de los desempleados de la comunidad». No obstante, ha puesto en valor «el esfuerzo económico del Gobierno andaluz» con estos extrabajadores.
En esta línea, ha insistido en que la Junta «tiene serias dificultades para afrontar este tipo de situaciones», algo que achaca a que «el PP ha atacado continuamente a toda la política sociolaboral de la Junta». «El PP ha convertido en una estrategia de partido poner en marcha una causa general en contra de todas las partidas sociolaborales de Andalucía», ha censurado Jiménez.
Así las cosas, el PSOE-A respalda buscar ayuda en el Gobierno central para que, «en el ejercicio de sus competencias, se puedan activar mecanismos jurídicos y económicos», y porque sin su participación, «es muy difícil dar una respuesta a estos colectivos». Por eso, ve «imprescindible» buscar ese soporte en la implicación del Gobierno «que hasta ahora no ha existido y que discrimina a Andalucía con la caída de fondos para las políticas activas de empleo por encima del 40 por ciento o por la inexistencia de planes de empleo específicos que podrían beneficiar a estos colectivos».
«Estos conflictos también son responsabilidad del Gobierno central porque Andalucía forma parte del Estado español y las situaciones socilaborales también son responsabilidad suya», ha zanjado.
PP-A: «LA JUNTA SALE CORRIENDO»
Por parte del PP-A, el diputado Jaime Raynaud ha subrayado que la situación de los empleados de Delphi, Santana y astilleros son consecuencia del «incumplimiento» de la Junta por los protocolos que firmaron en su momento.
Ha trasladado la voluntad de los populares de sentarse a negociar «las veces que sean necesarias, sin poner limitación de ningún tipo a esas reuniones, y teniendo claro que los trabajadores lo que exigen es el cumplimiento de esos protocolos», por lo que ha afirmado que «la Junta es la única responsable de dar la solución que en estos momentos necesitan los tres colectivos». Así, le ha recordado que si se firman unos protocolos «son para cumplirlos, no para hacerse la foto y salir corriendo».
Sobre la intención de implicar al Gobierno central en esta negociación, el diputado popular ha dicho que ni lo descartan ni lo apoyan, cuando «lo que está claro es que en esta reunión los trabajadores denuncian el incumplimiento de la Junta».
De su lado, la portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, ha valorado la voluntad de los cinco partidos políticos para dar solución a este «viejo» compromiso de la Junta, ya que defiende que «hay que hacer que este conflicto enquistado tenga por fin una salida, porque la situación actual de estas personas es dolorosísima».
Ha defendido que todos «rememos en la misma dirección dejando de lado intereses partidistas para dar cumplimiento a este drama», al tiempo que ha manifestado que si la solución se da por la vía del empleo y genera nuevos puestos de trabajo industrial para las zonas, «estaremos convirtiendo un conflicto en una oportunidad de futuro».
Por parte de Ciudadanos, Julio Díaz ha aseverado que la postura de su grupo es «no perder ni un día para trabajar y encontrar una solución definitiva a los conflictos de Santana Motor, Delphi y Astilleros de Huelva», para lo que estima «fundamental el consenso de todos los partidos y la lealtad institucional recíproca entre Junta y Gobierno central».
«Nuestra voluntad de diálogo es máxima, y entre todos trabajaremos en una declaración conjunta para que sea aprobada en el Parlamento andaluz», ha explicado el diputado antes de pedir la «máxima implicación entre la Junta y el Gobierno, que son las dos administraciones que tienen los recursos necesarios para dar una solución definitiva a estos problemas».
El portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha expuesto que por su formación «está toda la intención de llegar a acuerdos para buscar una solución, afrontar el diálogo y buscar acuerdos aterrizando y dejándose de generalidades ante unos hechos que ya son muy conocidos».
En este sentido, ha puesto el acento en que «hay que asumir estas negociaciones a contrarreloj» para llegar a un acuerdo hasta del 31 de octubre, cuando a los trabajadores se les acaban las prestaciones por desempleo, y ha mostrado la «total disposición» de su grupo para «concretar acuerdos y buscar la implicación» tanto de la Junta como del Gobierno central.
TRABAJADORES PIDEN EMPLEO
En nombre de los trabajadores de los tres colectivos, Miguel Paramio, del sindicato USO, ha puesto en valor «la voluntad política» de todos los grupos para darle una «solución digna» a estas problemáticas que son «una lacra de la Junta de Andalucía».
Ha subrayado que los colectivos también piden la implicación del Gobierno central que «se comprometió con estos colectivos en el Congreso de Diputados», por lo que defiende que su solución pasaría porque ambas administraciones «lleguen a un acuerdo». «Ya es hora por justicia y por la situación precaria que sufrimos los trabajadores a raíz de unos acuerdos que se firmaron y que hay incumplimiento por parte de las distintas administraciones», ha criticado.
Estas negociaciones que ahora se abren tras el primer encuentro d este viernes, para los trabajadores afectados, «tienen que ser punto y final a unos episodios negros en Andalucía».
También ha intervenido Antonio Montoro, de UGT, que ha urgido a los grupos a que ese acuerdo se alcance antes del 31 de octubre y que la solución pase por el empleo porque, «sino somos capaces de generar empleo, nunca habrá solución al conflicto». A su juicio, el camino para poner fin a estas situaciones es la negociación «y que todos salgamos unidos por la misma puerta y las familias tengamos una solución».
FUENTE: EP
